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Está próxima la publicación de un nuevo Real Decreto con un importante lote de modificaciones a varias disposiciones existentes, que afectará al uso de las motos acuáticas, al alquiler de las embarcaciones sin título y, entre otras más, a la posibilidad de solicitar un cambio temporal de uso privado a comercial, por un plazo no superior a tres meses consecutivos al año. Traducción: se podrán alquilar barcos matriculados en Lista 7ª.
Este punto se encuentra en la página 18 del proyecto, que consta de 27 páginas en su versión primigenia, que data de primeros de 2024. El asunto se “despacha” en una página y media, donde se explican que los requisitos serán los mismos que aquellos que se aplican a las embarcaciones de Lista 6ª. El plazo final de alegaciones concluyó el pasado mes de febrero, así que no puede faltar mucho para su publicación en el BOE. Entrada en vigor: seguramente pasado el verano.
Llama la atención que se ofrezca esta facilidad –la de alquilar un barco en principio destinado al uso particular- cuando la oferta de embarcaciones en Lista 6ª es enorme en España. El 35,23 % de las matriculaciones del año 2024 correspondieron a unidades de Lista 6ª. No se atisba a comprender cuál es la necesidad de actuar de este modo y de abrir más el mercado turístico sobre las aguas y tampoco parece que el sector lo haya pedido de un modo insistente. Vaya, no parece que lo haya pedido el sector de las empresas de chárter…
¿Lo ha pedido el sector de la venta de yates para ofrecer a los futuros armadores la posibilidad de obtener unos ingresos con los que financiar la compra del yate? ¡Pobres clientes, esos que no llegan a fin de mes y requieren al Estado que les de facilidades para comprar el yate!
Hagamos una comparación. El país en general está hasta la coronilla de los turistas. Manifestaciones en Baleares y Canarias para una regulación más exigente. Exigencia de una regulación mayor a los pisos turísticos. No hace mucho el ministro de consumo exigía a la gran plataforma que se ocupa de estos menesteres la retirada de más de 60.000 pisos que se anuncian sin los requisitos correspondientes. 60.000 pisos que podrían dedicarse al alquiler “normal”. Pero dejemos este asunto, por ahora…
Quién si se ha mostrado claramente contrario a la medida es el Govern Balear, que ni de broma quiere más barcos inundando las calas que ya están próximas a morir de éxito, las calas y las islas en general. La cosa es bien simple, turistas a los hoteles y a la hora de alquilar embarcaciones, los barcos en Lista 6ª.
Que sí, que de acuerdo, que el turismo es más del 12% del PIB español, pero muchos confunden la “B” de “bruto” por una “B” de “beneficio”…
La realidad es que el alquiler de barcos en Lista 7ª viene produciéndose de forma fraudulenta desde hace años. Un dinero que no consta en ningún libro oficial de contabilidad, para disgusto del Ministerio de Hacienda. No solo de yates matriculados en España, sino también en el extranjero, con la finalidad de evitar el cumplimiento de las normas españolas, como por ejemplo en el caso de las inspecciones técnicas obligatorias. Más aún: algunos yates ni siquiera navegan: se usan como apartamentos turísticos amarrados en los pantalanes de nuestros puertos. ¡El colmo de los colmos! Disgusto enorme de las marinas recreativas, discrepancia de competencias entre las distintas administraciones, angustia de quienes comparten pantalán… Porque no pensarán ustedes que quienes actúan en fraude van a tener un comportamiento ejemplar. Quienes no lo tienen en los pisos turísticos, no lo van a tener en el puerto…
Tal vez el Gobierno piensa que regulando esta cuestión quienes actúan fraudulentamente recibirán un incentivo para actuar conforme a la norma. ¡Ay, qué ingenuidad! Quienes actúan fraudulentamente seguirán haciéndolo y, además, generarán una serie de facturas que, estas sí, podrán ser contabilizadas: combustible, amarre, seguro, reparaciones… ¡Eh! ¡Que la novela picaresca española tiene siglos de historia!
Dicen luego los críticos que este gobierno de izquierdas sanchistachavista machaca la propiedad privada, persigue el emprendimiento y obliga a los yutubers a emigrar a Andorra cuando, en realidad, nunca antes se vieron tantas facilidades, al menos en la náutica.
Me recuerda esto a la época en la que en Italia se aprobó una norma según la cual, comprando el yate con leasing, las facilidades para descontar las cuotas eran más altas cuanto más grande era el yate. El argumento: los grandes yates pasan más tiempo fuera de Italia que en Italia, luego es injusto que paguen impuestos en Italia. ¿Quién era el primer ministro italiano? Berlusconi… Parecen ideologías más bien distantes…
